Homicidio por omisión con dolo eventual
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California formalizó la estrategia jurídica en torno al caso del menor de tres años fallecido por hipertermia en el fraccionamiento La Rioja. En rueda de prensa, la fiscal general María Elena Andrade confirmó que buscarán imputar a Roxana “N” una pena de hasta 15 años de prisión bajo el cargo de homicidio por omisión impropia con dolo eventual.
La titular de la FGE aclaró que no se trata de un simple descuido imprudencial, sino de una conducta donde la acusada aceptó las posibles consecuencias de sus actos:
“El dolo eventual refiere estas circunstancias (…) al ponerse intencionalmente en estado de ebriedad, sabe que puede provocar la muerte de alguien y acepta en su mente esos hechos; así opera este delito”, explicó Andrade, detallando que la mujer era la única garante de la seguridad del infante esa noche.
La cronología de la omisión: Más de 12 horas en el auto
Las investigaciones del ministerio público lograron establecer los horarios exactos en los que el menor permaneció atrapado dentro del vehículo cerrado, expuesto al extremo clima de Mexicali:
Sábado (Poco antes de la medianoche): Roxana “N” llegó a su domicilio bajo los efectos del alcohol, descendió de la unidad e ingresó a la vivienda, dejando al menor sujeto a su silla de retención en la parte trasera.
Domingo (13:00 h): Tuvieron que pasar más de 12 horas para que la madre se percatara de la ausencia de su hijo. Al salir al automóvil, localizó al infante ya sin signos vitales.
Confirmación médica del deceso
El dictamen pericial del Servicio Médico Forense (Semefo) ya fue integrado a la carpeta de investigación como la principal prueba científica. Los forenses ratificaron que el deceso fue provocado de manera directa por un golpe de calor (hipertermia), agregando que el cuerpo del infante presentaba severas quemaduras en brazos y piernas debido al efecto invernadero y la radiación solar acumulada dentro de la cabina.
Estatus legal de la detenida
Actualmente, Roxana “N” se encuentra recluida en las instalaciones del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Mexicali. Permanecerá bajo la medida de prisión preventiva en espera de que se desarrolle la audiencia inicial, donde un juez de control determinará si los datos de prueba presentados por la fiscal Andrade son suficientes para vincularla a proceso penal.
